La medida activa bloqueos financieros, cargos por apoyo material y mayor presión sobre empresas y operadores vinculados.
Estados Unidos colocó a seis cárteles mexicanos bajo dos de sus categorías más severas de seguridad nacional: Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. La decisión, vigente desde el 20 de febrero de 2025, amplió las herramientas jurídicas, migratorias y financieras para perseguir a sus integrantes y a las redes que faciliten sus operaciones.
La clasificación fue emitida formalmente por el Departamento de Estado, mientras que el Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quedó encargado de aplicar buena parte del cerco financiero. La medida derivó de una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, mediante la cual el gobierno estadounidense consideró que determinados cárteles representan una amenaza para su seguridad nacional, política exterior y economía.
Las organizaciones mexicanas incluidas son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. En el mismo paquete también fueron designadas la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y la organización venezolana Tren de Aragua.
El nuevo estatus permite que fiscales estadounidenses presenten cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista. Ese concepto puede abarcar dinero, armas, transporte, alojamiento, documentos, servicios financieros, tecnología, asesoría especializada, personal o instalaciones entregadas con conocimiento de que benefician a uno de los grupos designados.
La legislación estadounidense contempla penas de hasta 20 años de prisión por apoyo material. Cuando la conducta provoca la muerte de una persona, las condenas pueden ser mayores e incluso alcanzar la cadena perpetua. Además, dirigentes, integrantes y colaboradores pueden enfrentar restricciones migratorias, cancelación de visas, inadmisibilidad o procesos de expulsión.
En el terreno financiero, todos los bienes e intereses patrimoniales de las organizaciones que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses deben ser bloqueados. También están prohibidas, salvo autorización expresa, las operaciones comerciales o financieras realizadas para beneficio de los cárteles.
El alcance puede llegar a compañías que no aparecen directamente en las listas de sanciones. Cuando una o varias personas bloqueadas poseen, de manera directa o indirecta, al menos 50 por ciento de una empresa, esa entidad también puede quedar congelada. En otras palabras, el rastreo ya no se concentra únicamente en el jefe criminal: sigue socios, prestanombres, proveedores, cuentas y empresas fachada.
Para México, el cambio aumenta los riesgos en sectores utilizados para mover o lavar recursos ilícitos, como transporte, logística, combustibles, casinos, inmobiliarias, agroindustria, comercio exterior, remesas y servicios financieros. Esto no significa que toda empresa ubicada en una zona con presencia criminal sea considerada terrorista, pero sí obliga a bancos y compañías a revisar con lupa a clientes, socios, beneficiarios finales y cadenas de pago.
El nuevo marco ya pasó del discurso al expediente judicial. En mayo de 2026, José C. Valencia-Soriano se declaró culpable ante una corte federal de Missouri de proporcionar apoyo material a Cárteles Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, procesó y distribuyó metanfetamina y entregó ganancias a la organización con operaciones en Michoacán.
La estrategia también se ha extendido al robo y contrabando de combustibles. El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con un esquema que utilizaba documentos aduanales falsos, compañías fachada y operaciones transfronterizas para generar recursos destinados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En abril de 2026, las autoridades estadounidenses sancionaron además a seis personas y entidades relacionadas con una red de lavado y traslado de efectivo del Cártel del Noreste. Entre los objetivos fueron incluidos dos casinos vinculados con operaciones en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de los cruces comerciales más transitados entre ambos países.
El gobierno mexicano respondió que mantendrá la cooperación en seguridad, pero rechazará cualquier intervención o actuación unilateral dentro del territorio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la coordinación bilateral debe realizarse con respeto a la soberanía y sin subordinación entre los dos países.
México también reformó los artículos 19 y 40 de la Constitución. El decreto, publicado el 1 de abril de 2025, establece que el país no aceptará intervenciones, intromisiones, injerencias electorales ni violaciones de su territorio, y restringe las investigaciones o persecuciones extranjeras que no cuenten con autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.
La designación terrorista no autoriza automáticamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses a realizar operaciones dentro de México. Una acción militar requeriría fundamentos jurídicos adicionales y enfrentaría límites relacionados con la soberanía mexicana y el derecho internacional. Sin embargo, la clasificación elevó el tema del narcotráfico al terreno del contraterrorismo y amplió la presión política sobre la relación bilateral.
El efecto más inmediato se encuentra en el sistema financiero y judicial. Bancos, empresas exportadoras y compañías que operan con dólares o utilizan instituciones estadounidenses enfrentan mayores obligaciones para detectar recursos relacionados con extorsiones, tráfico de drogas, contrabando, robo de combustibles y lavado de dinero.
La estrategia estadounidense busca cortar las fuentes de ingresos que mantienen funcionando a las organizaciones criminales. El objetivo ya no es únicamente detener cargamentos o capturar dirigentes, sino seguir la ruta completa del dinero, desde una empresa de papel y una transferencia bancaria hasta un casino, una flotilla de transporte o un negocio aparentemente legal.
