La Fiscalía General de la República presentó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y accionista mayoritario de la empresa Ingemar, como el golpe a «la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento». Sin embargo, las propias cifras oficiales revelan que esa estructura apenas representaría una fracción mínima del desfalco total que el huachicol fiscal provoca a la hacienda pública.
El daño al erario atribuido a la red ligada al exmandatario asciende a más de 4 mil millones de pesos, generado por litros de combustible no declarados, evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Impuesto al Valor Agregado e importaciones irregulares. El monto deriva de 4 mil 238 operaciones de importación irregular detectadas entre enero y julio de 2025, lo que equivale a un promedio de 570 millones de pesos mensuales.
El contraste surge al comparar esa cifra con la dimensión total del fenómeno. El Estado mexicano pierde alrededor de 200 mil millones de pesos al año por este mecanismo, es decir, unos 16 mil 700 millones de pesos mensuales. Bajo esa métrica, la operación de Ingemar explicaría entre 3 y 4 por ciento del boquete fiscal.
Incluso frente a los registros más conservadores del gobierno federal la brecha persiste. Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria ha integrado 109 expedientes penales por fraudes al fisco, con un perjuicio estimado en 22 mil 843 millones de pesos, un promedio superior a 3 mil 500 millones de pesos mensuales documentados judicialmente en apenas medio año.
La dimensión histórica del esquema es aún mayor. Las pérdidas acumuladas por huachicol fiscal hasta 2024 se estiman en 809 mil 324 millones de pesos, y el combustible ilegal equivale al 30 por ciento de todo el que se vende legalmente en estaciones de servicio del país. El desfalco acumulado ya rebasaría los 700 mil millones de pesos, monto superior a casos como Odebrecht y Segalmex.
El mecanismo imputado a la red de Ruffo operaba por vía ferroviaria. Las importaciones declaraban ante aduanas únicamente el 10 por ciento de los hidrocarburos transportados: se reportaban alrededor de 10 mil litros por carrotanque cuando en realidad se movían hasta 110 mil, además de declarar contenidos distintos para ocultar que se trataba de combustibles. El caso se originó con el decomiso de 15 millones de litros en patios ferroviarios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, donde en abril de 2025 fueron asegurados 129 carrotanques introducidos con pedimentos falsificados.
La calificación de «red más grande» también enfrenta el antecedente del entramado portuario destapado meses atrás. En septiembre de 2025 fueron arrestados exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina por introducir hidrocarburos al país mediante documentación falsa, entramado en el que figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina. En ese esquema marítimo, un solo buque con 20 millones de litros declarados como aditivos genera una evasión superior a 190 millones de pesos por viaje.
La ofensiva federal acumula resultados numéricos amplios. Del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre, y se anunciaron más detenciones vinculadas al caso Ingemar.
La defensa política del exgobernador no tardó. El partido Somos MX calificó la detención de «atropello» y exigió su liberación, con el argumento de que Ingemar está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía. Incluso desde Morena, el senador Javier Corral expresó sorpresa y pidió que se expliquen los elementos que sustentan la aprehensión.
La pregunta que queda abierta es aritmética: si la estructura más grande jamás detectada generó 4 mil millones de pesos de daño, ¿quién opera el más del 95 por ciento restante de un desfalco que cada mes cuesta al país el equivalente a más de cuatro veces esa red completa?
