La maquinaria legislativa del Congreso de Nuevo León encendió sus motores este viernes 12 de junio. La Comisión Anticorrupción aprobó formalmente el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, encuadrando el proceso bajo la presunta triangulación de mil millones de pesos procedentes del erario.
El cronograma del expediente marca un avance acelerado. La denuncia original fue interpuesta el pasado 8 de junio por la bancada de Morena. Tan solo 48 horas después, el 10 de junio, la Comisión Permanente le dio entrada oficial, y para este viernes el archivo fue dictaminado con carácter de urgente por los legisladores locales.
Las cifras operativas del presunto desvío apuntan a despachos jurídicos directamente vinculados al padre del mandatario estatal. Ante estos datos, la comisión legislativa emitió un citatorio oficial para que García Sepúlveda comparezca en una primera audiencia fijada para el próximo 23 de junio dentro de las instalaciones del recinto parlamentario.
En términos de plazos legales, el Ejecutivo estatal contará con una ventana de 15 días hábiles a partir de su notificación para articular su defensa. Las reglas del procedimiento le permiten responder por escrito, presentarse de forma presencial o delegar la comparecencia en sus representantes legales.
Para que la destitución o sanción prospere, la aritmética del Congreso de Nuevo León es inamovible: se requiere una mayoría calificada equivalente a 28 de los 42 diputados que integran el pleno. Actualmente, la oposición mantiene los números a su favor en el tablero de votaciones.
Las proyecciones estadísticas indican que si los nueve diputados de Morena suman sus votos al bloque conformado por el PAN, PRI, PRD y legisladores independientes, la declaratoria de procedencia podría alcanzar hasta 31 votos, superando el margen constitucional exigido para concretar el desafuero.
El desahogo de las diligencias y la recolección de pruebas mantendrán a la comisión en sesión permanente hasta finales de este mes. De cuadrar los elementos probatorios, el dictamen final escalará al pleno durante un periodo extraordinario de sesiones proyectado para el mes de agosto.
