La Fiscalía General de la República elevó el tono contra Estados Unidos por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y señaló que el exembajador Ken Salazar habría dado una versión falsa sobre la captura del capo; sin embargo, hasta ahora no ha presentado evidencia pública que vincule personalmente al diplomático con el operativo ni que pruebe que conocía una versión distinta.
La acusación surgió después de que la FGR afirmara que el FBI entregó información “falsa, parcial e insuficiente” sobre lo ocurrido en julio de 2024, cuando Zambada fue llevado a Estados Unidos tras una presunta traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Ernestina Godoy, la dependencia abrió nuevos actos de investigación y solicitó información mediante asistencia jurídica internacional, con base en el tratado bilateral en la materia.
El margen real de la FGR está principalmente en México: determinar de qué pista salió la aeronave, quién la piloteó, qué permisos existieron, si hubo omisiones de autoridades mexicanas, qué registros migratorios o aeronáuticos se emitieron y si hay testimonios que acrediten un delito cometido en territorio nacional.
El señalamiento contra Salazar enfrenta una ruta más estrecha. No basta con sostener que su versión fue falsa; la Fiscalía tendría que probar que sabía que era falsa, que participó en una operación irregular o que entregó información falsa dentro de una diligencia formal.
En agosto de 2024, Salazar sostuvo que Joaquín Guzmán López se había entregado voluntariamente, que Zambada fue llevado contra su voluntad y que Estados Unidos no había participado con aeronave, piloto, agentes ni personal en México. Esa versión fue retomada ahora por la FGR como parte de las contradicciones que atribuye a Washington.
El nuevo elemento político del caso es la exhibición en Estados Unidos de la aeronave presuntamente usada para trasladar a Zambada. El gobierno mexicano considera que eso obliga a aclarar si el FBI tuvo un papel mayor al reconocido originalmente.
Aun así, una contradicción política no equivale por sí sola a una mentira penalmente demostrable. Para sostener un caso fuerte contra el exembajador, la FGR necesitaría documentos, comunicaciones, registros oficiales o testimonios que acrediten que Salazar ocultó deliberadamente información o participó en una operación ilegal.
Además, el marco diplomático limita cualquier intento de proceder directamente contra un exembajador por actos realizados en funciones oficiales. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que, al terminar el cargo, las inmunidades cesan en general, pero subsisten respecto de actos realizados en ejercicio de sus funciones como miembro de la misión.
Por eso, la Fiscalía podría incorporar sus declaraciones como antecedente, solicitar información por la vía diplomática o pedir cooperación a Estados Unidos, pero no tratar a Salazar como a un ciudadano obligado a comparecer ante el Ministerio Público mexicano.
El caso también tiene una dimensión política. El gobierno mexicano puede usarlo para responder a la percepción de que fue rebasado por una operación extranjera o por la salida irregular de un capo de alto perfil. El eje cambia de “cómo salió El Mayo de México” a “qué ocultó Estados Unidos”.
Esa narrativa puede ser útil para instalar una discusión de soberanía, pero también implica un riesgo: si la FGR no presenta pruebas materiales, el señalamiento contra Salazar puede quedarse como presión institucional y no como expediente penal sólido.
La pregunta central no es sólo si Ken Salazar mintió, sino si la Fiscalía tiene evidencia verificable de una operación irregular en territorio mexicano. Sin esos elementos, el caso contra el exembajador funciona más como discurso político que como causa penal robusta.
