Moreira reclama salarios de 20 mil pesos y una revisión a fondo del INE
El líder de los diputados del PRI exigió al Senado concluir el trámite de la reforma salarial y pidió una auditoría integral al INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei.
Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.— Médicos, personal de enfermería y policías deberían ganar alrededor de 20 mil pesos al mes si se concreta la reforma salarial, de acuerdo con los cálculos del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien anunció que su bancada impulsará una moción suspensiva en el debate del próximo presupuesto para exigir su publicación. En la misma conferencia de prensa reclamó una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral.
En el tema laboral, Moreira informó que presentó una nueva solicitud a la Mesa Directiva del Senado para que emita la declaratoria correspondiente y concluya el trámite de la reforma. Explicó que el cambio ya tiene el respaldo de legislaturas estatales, pero continúa pendiente el proceso necesario para que sea publicado.
Para mostrar el alcance que le atribuye, el diputado señaló que hay médicos del IMSS con un salario tabular de 13 mil pesos mensuales y policías municipales con ingresos promedio de entre ocho mil y nueve mil pesos. Con las reglas aprobadas, dijo, las remuneraciones de los beneficiarios tendrían que alcanzar cerca de 20 mil pesos. Estas cifras son las expuestas por el legislador y no constituyen un aumento vigente confirmado.
“Pondremos una moción suspensiva”, advirtió. El objetivo es pedir a los diputados que no voten el presupuesto mientras la reforma no se publique. El anuncio corresponde a una estrategia parlamentaria del PRI y no implica que la discusión vaya a suspenderse automáticamente.
El coordinador también cuestionó a dirigentes sindicales que respaldaron públicamente la modificación y que, a su juicio, ahora guardan silencio sobre el trámite pendiente. Les pidió acompañar la exigencia para que los beneficios lleguen a médicos, personal de enfermería, policías y demás trabajadores incluidos en la reforma.
En cuanto al INE, Moreira sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto no resuelve los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones. Planteó que las investigaciones deben esclarecer responsabilidades de quienes participaron en las licitaciones y si hubo omisiones de los funcionarios encargados de supervisarlas.
La salida de Taddei se formalizó ante la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y contrataciones con proveedores del organismo. Según la información publicada por El País, la Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones relacionadas con el caso, lo cual no equivale a una resolución de responsabilidad.
“Una investigación completa de lo que sucedió”, demandó el priista, quien pidió que la revisión abarque los procedimientos y sistemas del instituto, incluido el Registro Federal de Electores, y se extienda a los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE).
Asimismo, solicitó esclarecer si hubo influencia indebida en la integración de los organismos electorales locales o en la selección de sus proveedores. Sus afirmaciones sobre una posible vulneración de los procesos electorales son señalamientos políticos; durante la conferencia no presentó pruebas que acrediten alteraciones en boletas, credenciales o resultados.
El legislador consideró que las dudas sobre las contrataciones exigen medidas para recuperar la confianza rumbo a las elecciones de 2027. Llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer la gravedad de los cuestionamientos y afirmó que el relevo en la presidencia del INE debe acompañarse de una revisión institucional.
Moreira pidió, además, emitir pronto la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del instituto, y propuso que los tres partidos de oposición seleccionen a los integrantes del comité de evaluación. Se trata de su planteamiento político, no de un procedimiento aprobado o anunciado por la Cámara de Diputados.
De esta forma, el coordinador priista dejó dos exigencias: concluir el procedimiento de una reforma que, sostuvo, debe traducirse en mejores ingresos, y esclarecer las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales. En ambos asuntos pidió que las decisiones institucionales produzcan resultados verificables para la ciudadanía.