Las claves del informe del contralor del INE que reveló omisiones patrimoniales por 5.6 millones
Depósitos de proveedores, accionistas no declarados y 5.6 mdp en ingresos omitidos: estos son los puntos centrales del informe del OIC del INE reportado por El Universal.
Por Juan Pablo Ojeda
Un informe presentado en septiembre ante la Cámara de Diputados por el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral contenía hallazgos sobre presuntas irregularidades que, según reveló este martes El Universal, no derivaron en denuncias pese a que la investigación lleva más de seis meses.
El primer punto es el momento y el lugar: el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras expuso el Informe Previo de Gestión y Resultados 2026 el 9 de septiembre ante la Comisión de Transparencia del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El segundo son los depósitos. De acuerdo con el diario, el funcionario informó que se detectaron transferencias bancarias recibidas por servidores públicos de parte de personas que eran proveedoras del INE.
El tercero, la participación accionaria. Carvente señaló que hubo trabajadores del instituto que no declararon ser accionistas de empresas, un aspecto que puede implicar conflictos de interés cuando dichas compañías mantienen relación con el organismo.
El cuarto es la cifra más llamativa: omisiones de registro de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales. Según El Universal, ninguno de los diputados presentes cuestionó al contralor sobre estos datos durante la reunión de más de dos horas.
El quinto punto es el contexto. El diario vincula la indagatoria con contratos presuntamente irregulares otorgados a proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y señala que los hallazgos coinciden con líneas de investigación de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera. La ASF, de acuerdo con una publicación previa del mismo medio, detectó a 57 personas físicas que obtuvieron contratos del INE mientras eran funcionarias.
El sexto, las sanciones ya aplicadas. En el primer semestre de 2026, el OIC sancionó a seis servidores públicos con multas por 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años, por faltas graves como presentación de documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.
El séptimo, los resultados de austeridad que el contralor destacó: la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos en viáticos de fin de año.
El octavo, la petición legislativa. Carvente pidió reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque, según dijo, el SAT niega al OIC información fiscal y bancaria de altos funcionarios, lo que calificó como un obstáculo legal para combatir la opacidad.
Finalmente, la reacción política. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, confirmó las investigaciones y atribuyó la ausencia de denuncias al debido proceso. Elías Lixa, coordinador del PAN, anunció un punto de acuerdo para citar a comparecer al contralor.
Un punto adicional es el político. El reportaje recoge críticas de especialistas y observadores electorales que acusan al OIC de haber usado su aparato fiscalizador para presionar a consejeros opositores a la presidencia de Taddei.
Como ejemplo, el diario menciona que a finales de 2025 la Contraloría reactivó una queja archivada desde diciembre de 2021, relacionada con la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato, contra las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera.
Los tres consejeros calificaron esa actuación como una “vergonzosa cacería de brujas”, según lo publicado.
El panorama deja abiertas varias preguntas: cuándo concluirán las investigaciones, si derivarán en denuncias y qué papel tendrá la Cámara de Diputados en la supervisión del órgano de control.
Conviene precisar que las cifras de sanciones y ahorros corresponden al balance general del OIC y no necesariamente a los expedientes vinculados con proveedores cercanos a la expresidenta, cuya resolución sigue pendiente según la información disponible hasta este martes.
Todo lo anterior corresponde a hallazgos y señalamientos en investigación, sin que hasta ahora exista resolución firme sobre responsabilidades individuales.