Rechazan en EEUU compra de guantes electrochoque para ICE por 8 millones
Congresistas y activistas de EEUU exigen cancelar la compra de guantes de electrochoque por parte de ICE.
Por Juan Pablo Ojeda
Un grupo de congresistas demócratas y más de 50 organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos exigieron de manera formal la cancelación inmediata de un contrato de adquisición por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La licitación contempla la compra de guantes tácticos equipados con tecnología de descargas eléctricas para ser utilizados por los agentes de migración en labores de contención de detenidos.
El desglose presupuestal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela una asignación proyectada de 8.4 millones de dólares para adquirir 2,500 unidades de estos dispositivos antidisturbios. Cada par de guantes cuenta con la capacidad de infligir descargas de hasta 50,000 voltios con el objetivo de inmovilizar a personas en custodia, una especificación técnica que los opositores califican como desmedida para el control migratorio.
La protesta formal fue encabezada por legisladores de la Cámara de Representantes, quienes enviaron una misiva firmada al secretario de Seguridad Nacional para demandar la revisión del contrato. Los firmantes señalaron que la distribución de estos dispositivos entre las brigadas de deportación incrementará exponencialmente las denuncias por uso excesivo de la fuerza y violaciones a las garantías individuales en los centros de detención.
De acuerdo con registros de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), durante el último año fiscal se contabilizaron más de 1,200 quejas por abusos físicos cometidos dentro de las instalaciones de retención de ICE. La inclusión de armas de contacto directo como los guantes de electrochoque vulnera, según los activistas, los protocolos internacionales de trato digno a poblaciones vulnerables y solicitantes de asilo.
Los datos presentados por la coalición de organizaciones civiles exponen que el 68% de las personas bajo custodia de ICE no registran antecedentes penales previos ni representan un peligro para la seguridad nacional. Por ello, la adquisición de tecnología militarizada para operaciones de arresto administrativo ha sido catalogada por los comités de vigilancia presupuestaria como un gasto ineficiente y desproporcionado.
En respuesta a las presiones del Congreso, portavoces de ICE argumentaron que la adquisición de este equipo responde a la necesidad de proteger a los agentes federales en situaciones de alto riesgo durante traslados e inspecciones de campo. No obstante, las auditorías internas del DHS muestran que las agresiones físicas graves contra personal de inmigración cayeron un 14% en el último bienio.
La controversia mantendrá bajo escrutinio la aprobación del paquete de asignaciones presupuestales en el Comité de Apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos. Se prevé que las audiencias para definir la cancelación o ratificación de la licitación comercial concluyan antes de que finalice el presente ciclo de discusiones presupuestarias en el Senado.