Gerardo Mérida Sánchez, general de división en retiro, llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 4 de septiembre de 2023, cuando el gobernador Rubén Rocha Moya le tomó protesta como nuevo titular de la dependencia, tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo y un breve interinato de Yeraldine Bonilla Valverde.
El nombramiento ocurrió en un momento sensible para Sinaloa. La entidad arrastraba el desgaste de los llamados Culiacanazos de 2019 y 2023, además de una presión creciente sobre las instituciones de seguridad por la operación del Cártel de Sinaloa y sus facciones.
Mérida fue presentado como un perfil de orden militar, con experiencia en inteligencia, operaciones y mando territorial. Su llegada reforzó una tendencia visible en el estado: colocar a mandos castrenses, en activo o en retiro, al frente de áreas civiles de seguridad.
Antes de su nombramiento, la Secretaría de Seguridad había quedado vacante por la renuncia de Cristóbal Castañeda Camarillo, quien dejó el cargo el 25 de agosto de 2023. Ese mismo día, el gobierno estatal designó a Yeraldine Bonilla Valverde como encargada de despacho mientras se definía al nuevo titular.
La decisión formal fue de Rocha Moya. Sin embargo, el origen político del nombramiento volvió al debate después de que Mérida fue acusado en Estados Unidos. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que la designación había sido decisión de la Sedena; la Defensa respondió que los estados son autónomos y que, en todo caso, la institución sólo emitió una opinión o recomendación sobre la trayectoria del militar en retiro.
Mérida permaneció al frente de la seguridad estatal de septiembre de 2023 a diciembre de 2024. Durante ese periodo, de acuerdo con la acusación estadounidense, era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar a su director.
Su salida ocurrió en medio de una nueva crisis de violencia. El 21 de diciembre de 2024, renunció tras más de 100 días de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente entre grupos ligados a Los Chapitos y a Los Mayos. Rocha Moya nombró después a otro mando militar, Óscar Rentería Schazarino.
El caso dio un giro mayor cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Mérida Sánchez, junto con Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Los cargos contra el exsecretario son conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese armamento.
Según el DOJ, Mérida enfrenta una pena posible que va de un mínimo obligatorio de 40 años de prisión a cadena perpetua. La propia autoridad estadounidense aclara que los cargos son acusaciones y que los señalados se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad.
La acusación sostiene que Mérida habría recibido sobornos de Los Chapitos y que, a cambio, habría entregado información sobre investigaciones y operativos, incluidos avisos previos sobre redadas en laboratorios y casas de seguridad. AP reportó que la acusación le atribuye haber alertado en 2023 sobre al menos 10 operativos próximos.
La ruta por la que quedó bajo custodia estadounidense no fue una extradición mexicana tradicional, según la información pública disponible. AP informó que el Gabinete de Seguridad de México señaló que Mérida ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, y fue puesto bajo custodia del U.S. Marshals Service en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, antes de comparecer en Arizona y ser trasladado a Nueva York.
El caso coloca bajo escrutinio no sólo la actuación de Mérida, sino los filtros de confianza y las validaciones políticas que permitieron que un general en retiro asumiera el control de la seguridad pública en un estado clave para el Cártel de Sinaloa. Formalmente lo nombró Rocha; políticamente, la Sedena admite que opinó sobre su trayectoria; judicialmente, Estados Unidos lo ubica como parte de una presunta red de protección a Los Chapitos.
La línea de fondo es clara: el general que llegó como apuesta de control operativo terminó convertido en una pieza central de una acusación internacional que golpea al gobierno de Sinaloa, al modelo de militarización de la seguridad estatal y a los mecanismos con los que se elige a quienes dirigen las policías.
