Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la organización política “Somos México”, afirmó que la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, es una acción “arbitraria” y “sin sustento” dentro de la investigación federal por presunto contrabando de combustible.
De acuerdo con el posicionamiento atribuido a Acosta Naranjo, la Fiscalía General de la República pretende presentar a Ruffo como una figura central en una red de huachicol fiscal, pese a que, según su versión, el exmandatario no tendría control operativo ni mayoritario de la empresa señalada.
El señalamiento ocurre en medio de una investigación federal relacionada con un presunto esquema de importación irregular de hidrocarburos, declaraciones falsas ante aduanas y un posible fraude fiscal estimado en 4 mil 400 millones de pesos, según la narrativa oficial citada en el posicionamiento.
Acosta Naranjo sostuvo que la acusación contra Ruffo no resiste un análisis técnico. Según explicó, la empresa vinculada al exgobernador, identificada como Inguemar, se dedicaría a trámites documentales ante agencias aduanales por solicitud de terceros, no a la compra, transporte o distribución de combustibles.
El representante de “Somos México” también subrayó que Ruffo sería accionista minoritario y que su empresa no tendría permisos para adquirir combustible en Estados Unidos ni para moverlo o venderlo en México. En esa línea, consideró “absurdo” atribuirle el control de una operación que, de existir, tendría que pasar por aduanas, autoridades fiscales y sistemas de vigilancia fronteriza.
Otro punto central del posicionamiento es la responsabilidad del Estado en la supervisión de lo que cruza físicamente por la frontera. Acosta Naranjo afirmó que la vigilancia corresponde a la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Hacienda y las instituciones encargadas del control aduanero.
Para “Somos México”, el caso no sólo involucra un expediente penal, sino una lectura política. Acosta Naranjo afirmó que la detención de Ruffo funciona como una “caja china” para distraer a la opinión pública de otros conflictos de gobernabilidad y de los presuntos responsables reales del huachicol fiscal.
En su posicionamiento, el representante político también cuestionó que la Fiscalía centre la atención en un opositor de 75 años, mientras —según sus dichos— no se investiga con la misma fuerza a quienes tuvieron o tienen control sobre aduanas, seguridad fronteriza y administración fiscal.
Acosta Naranjo aseguró que Ruffo no actuó como prófugo y que, por el contrario, se presentó voluntariamente ante la FGR para entregar pedimentos y documentación relacionada con sus operaciones. Según la postura de “Somos México”, esa conducta debió ser considerada por la autoridad antes de exhibirlo públicamente.
El posicionamiento también acusó una posible vulneración a la presunción de inocencia, al señalar que Ruffo habría sido mostrado como culpable antes de que se presentaran pruebas concluyentes ante un juez.
Finalmente, “Somos México” afirmó que la detención de Ernesto Ruffo no representa un acto de justicia, sino una maniobra política para desviar la atención de un presunto desfalco fiscal de mayor escala. Estas afirmaciones corresponden a la postura de Guadalupe Acosta Naranjo y requieren ser contrastadas con la versión oficial y el avance del proceso judicial.
