Por Bruno Cortés
La reconfiguración de la estrategia de inteligencia de Estados Unidos no debe leerse como un abandono de Medio Oriente por parte de la CIA, sino como el traslado parcial de una lógica posterior al 11-S hacia América Latina: inteligencia, sanciones, objetivos de alto valor, unidades aliadas y narrativa antiterrorista aplicada ahora contra cárteles y redes criminales transnacionales.
El cambio central es de lenguaje y de herramientas. Durante años, los cárteles fueron tratados principalmente como organizaciones de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Desde 2025, Washington los coloca en un marco más amplio de seguridad nacional, junto con terrorismo, migración irregular, tráfico de personas, fentanilo, armas, corrupción y penetración institucional.
El punto de quiebre fue la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, que instruyó iniciar el proceso para designar cárteles y otras organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. El documento sostiene que esos grupos representan una amenaza superior al crimen organizado tradicional por su capacidad de infiltrarse en gobiernos y operar redes transnacionales.
Un mes después, el Departamento de Estado formalizó la designación del Tren de Aragua, MS-13, Cártel de Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas extranjeras. La medida abrió la puerta a sanciones, persecución de redes de apoyo, restricciones migratorias, acusaciones por apoyo material e intercambio de inteligencia más agresivo.
La CIA ya venía ajustando prioridades antes de este giro. En 2021, bajo la dirección de William Burns, creó el China Mission Center para concentrar esfuerzos frente a Pekín y también un centro de misión sobre asuntos transnacionales y tecnología. Esa reorganización no eliminó el trabajo contra terrorismo, Rusia, Irán o Corea del Norte, pero sí mostró una agencia adaptándose a amenazas más amplias que las guerras de Afganistán, Irak, Siria o Yemen.
La novedad de 2025 y 2026 es que los cárteles dejaron de ser sólo asunto de la DEA, el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional. El informe anual de amenazas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de 2025 colocó a organizaciones criminales transnacionales y terroristas como amenazas directas a ciudadanos estadounidenses, y atribuyó a los cárteles un papel central en las muertes por opioides sintéticos y en redes de migración irregular.
El informe de 2026 mantuvo esa línea al ubicar a las organizaciones criminales transnacionales como amenazas persistentes para la seguridad interna de Estados Unidos. La lectura de Washington es que el riesgo inmediato ya no se concentra sólo en Medio Oriente, sino también en el hemisferio occidental: México, Centroamérica, Caribe, Colombia, Venezuela, Ecuador y rutas del Pacífico.
En ese tablero, México ocupa el centro. Reuters documentó en 2025 que la CIA ha colaborado durante años con unidades mexicanas especiales, conocidas como vetted units, para ubicar y capturar a líderes criminales. Según esa investigación, la agencia aportó vigilancia, análisis, entrenamiento, equipo y paquetes de objetivos en operaciones contra capos, entre ellas la captura de Ovidio Guzmán.
Ese esquema no equivale a tropas estadounidenses operando abiertamente en México, pero sí muestra una influencia operacional profunda. La clave está en la cooperación con unidades mexicanas seleccionadas, entrenadas o equipadas bajo estándares estadounidenses. Para Washington, es una forma de proyectar capacidad de inteligencia sin asumir públicamente el costo político de una intervención directa.
El punto más delicado es el paso de la inteligencia a la acción letal. En mayo de 2026, Reuters reportó que autoridades mexicanas y la propia CIA negaron una versión de CNN que atribuía a operadores de la agencia participación directa en ataques letales contra objetivos de cárteles en México. Omar García Harfuch rechazó operaciones “letales, encubiertas o unilaterales” de agencias extranjeras en territorio nacional, y la CIA calificó el reporte como falso.
Por eso, editorialmente, ese punto debe tratarse como una versión disputada, no como un hecho probado. Una cosa es documentar intercambio de inteligencia, apoyo técnico o coordinación con unidades mexicanas; otra, mucho más grave, es afirmar operaciones letales no autorizadas en territorio mexicano. Esa diferencia es central para evitar una lectura sensacionalista o jurídicamente riesgosa.
El caso del Tren de Aragua funciona como precedente regional. Reuters reportó que Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de esa organización, en Venezuela, y que la operación fue coordinada con autoridades venezolanas mediante cooperación e intercambio de inteligencia.
El mensaje regional es claro: cuando Washington clasifica a una organización criminal como terrorista, puede justificar respuestas más duras, incluso militares, si encuentra un marco legal, un aliado local o autorización política. Ese precedente no prueba que vaya a repetirse en México, pero sí explica por qué el lenguaje de “narcoterrorismo” preocupa al gobierno mexicano.
La presión ya no se dirige sólo contra capos. El Departamento del Tesoro sancionó en 2025 redes vinculadas al CJNG por fentanilo, robo de combustible y contrabando de crudo, y definió esas actividades como fuentes de financiamiento de una “empresa narcoterrorista”. Con ello, el combate se amplía a empresas fachada, combustibles ilegales, flujos financieros, armas y precursores químicos.
La dimensión política también subió de tono. En abril de 2026, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y armas. El comunicado estadounidense sostiene que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, aunque también aclara que los cargos son acusaciones y que los señalados mantienen presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
Ahí el tema deja de ser sólo “guerra contra las drogas” y entra en el terreno de la narcopolítica. Sara Carter, titular de la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, elogió la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también defendió que Washington apunte contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles.
La fórmula mexicana intenta contener esa presión: cooperación sí, subordinación no. En septiembre de 2025, México y Estados Unidos presentaron un entendimiento de seguridad basado en respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y acciones de cada país en su territorio. Esa línea busca permitir inteligencia compartida y operativos coordinados sin aceptar una narrativa de intervención.
El concepto de “narcoterrorismo” es útil para Washington, pero problemático desde el punto de vista editorial. No significa necesariamente que los cárteles tengan una ideología como Al Qaeda o ISIS. En la práctica, Estados Unidos lo usa para describir grupos que controlan territorio, ejercen violencia extrema, corrompen instituciones, trafican drogas, personas, armas y dinero, y pueden desestabilizar gobiernos.
El riesgo es que ese término borre diferencias importantes entre terrorismo ideológico y crimen organizado económico. Pero políticamente le sirve a Estados Unidos porque abre la puerta a herramientas más duras: sanciones, acusaciones por apoyo material, operaciones de inteligencia reforzadas y presión diplomática sobre gobiernos aliados.
Para México, los riesgos son varios. El primero es de soberanía: si los cárteles son tratados como amenaza terrorista, aumenta la tentación estadounidense de actuar más allá de la cooperación tradicional. El segundo es de opacidad: las operaciones de inteligencia rara vez se transparentan, lo que dificulta saber quién autorizó, quién ejecutó y con qué evidencia.
El tercer riesgo es de militarización. La lógica antiterrorista privilegia golpes contra objetivos de alto valor, pero la experiencia mexicana muestra que capturar o abatir capos no siempre reduce la violencia ni desmantela los mercados criminales. También puede fragmentar organizaciones y abrir disputas territoriales.
La hipótesis de trabajo es que la CIA y la comunidad de inteligencia estadounidense están adaptando parte del modelo posterior al 11-S al combate de cárteles en América Latina. No es una copia de Afganistán o Medio Oriente: no hay ocupación militar ni control territorial estadounidense en México. Pero sí hay un método reconocible: inteligencia fina, socios locales, objetivos selectivos, sanciones financieras y justificación bajo seguridad nacional.
La pregunta de fondo no es si la CIA “dejó” Medio Oriente, sino hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a llevar su nueva doctrina contra cárteles en el hemisferio occidental. Para México, el desafío será cooperar lo suficiente para contener al crimen organizado sin ceder la conducción política, jurídica y territorial de su estrategia de seguridad.
