UIF, ASF y videos: el triángulo de escrutinio tras la renuncia de Taddei
Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, Latinus difundió el 5 de noviembre de 2026 grabaciones de presión; la UIF ya bloqueó proveedores y el INE pidió auditoría a la ASF.
Por Juan Pablo Ojeda Después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, el 26 de octubre de 2026, el caso de los proveedores electorales no se apagó: se institucionalizó. El 4 de noviembre la UIF reportó bloqueos; el 5, Latinus difundió videos de presión atribuidos a José Alfredo Hernández Casillas; y el mismo 5 el Consejo General pidió a la ASF una auditoría de una década. Latinus habla de amenazas y extorsiones; esa etiqueta periodística aún no es sentencia ni resolución ministerial pública.
En los videos, el contratista —quien según Latinus grabó el material como garantía con copias en el extranjero— dice haber advertido a Taddei que tenía declaraciones en Europa, Estados Unidos y Canadá, y lanza la frase de llevarse “a ti y a todo tu puto INE”. El fragmento se reprodujo el 5 y el 6 de noviembre en medios nacionales y concentró la atención sobre el tono de intimidación que el reportaje atribuye a esa relación.
Un diálogo de febrero de 2026 muestra reclamos y una alusión a Gobernación sin detallar el tema —“Habíamos quedado que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación. Nadie sabe nada”—, además de menciones a 62 plazas ligadas a Iliana Araceli Hernández Gómez y a dos bajas en diciembre. El dicho sobre un masajista personal sale de la grabación y no tiene corroboración independiente en lo revisado hasta el cierre de esta nota.
Hernández Casillas, exapoderado de Cajas Graf y asociado a Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México con su hermano Raymundo Francisco, concentró contratos con el INE y con Organismos Públicos Locales Electorales. La UIF sumó 25 personas físicas y 15 morales a su Lista de Personas Bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República sin publicar nombres de esa lista.
La serie de octubre ya había mostrado cercanía social, el viaje a París con un hijo de Taddei y la conversación del 16 de febrero sobre porcentajes y montos ligados a la credencial para votar. Los videos del 5 de noviembre cierran un mes de revelaciones con un tono más duro: la presión explícita y la idea de un “seguro de vida” fuera del país.
El Consejo General del INE, el mismo día, acordó solicitar a la ASF revisar adquisiciones, arrendamientos y servicios, preservar documentación y abrir vías de denuncia. Carla Humphrey pidió que no quede nada sin revisar. Sheinbaum, el 3 de noviembre, había dicho que la ASF debe auditar y que se tiene que investigar, tras la difusión de grabaciones previas sobre esa relación.
Al 6 de noviembre no aparece una respuesta puntual de Taddei a estos videos ni un posicionamiento del INE centrado solo en ese material. El triángulo UIF-ASF-medios es el marco real del escrutinio: inteligencia financiera, fiscalización del gasto y periodismo de investigación avanzan en paralelo, con ritmos y estándares distintos.
Separar planos evita errores: el periodismo aporta indicios y documentos; la UIF mueve herramientas financieras; la ASF revisa el gasto público electoral; la Fiscalía tipifica conductas. Ninguno reemplaza al otro. Exigir resultados a las tres vías es coherente con la gravedad de lo revelado y con la necesidad de no convertir cada filtración en veredicto ni abandonar el seguimiento cuando baje el ruido mediático.
Hechos verificados al 6 de noviembre de 2026: videos con frases de presión atribuidas a Hernández Casillas; historial de contratos y cercanía desde octubre; bloqueos de la UIF a 25 personas físicas y 15 morales; auditoría pedida a la ASF por el Consejo General. Responsabilidades penales y administrativas siguen abiertas y deben resolverse con pruebas, no solo con titulares o calificaciones periodísticas de “amenazas” y “extorsiones”.