El transporte de carga en México atraviesa una crisis silenciosa que no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino que también encarece los productos que llegan a los hogares. La inseguridad en las carreteras, que en 2024 documentó más de 11,500 robos (un incremento del 8% respecto a 2023), se ha convertido en un costo oculto que se traslada a lo largo de toda la cadena de suministro. El conflicto reciente con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), que amagó con bloqueos nacionales y acordó mesas de trabajo con el gobierno para desactivar la protesta por tres meses, volvió a poner el tema en el centro del debate público.
El reclamo de los transportistas no es nuevo: exigen acciones concretas contra los robos, la extorsión, los homicidios y los altos costos operativos que enfrentan a diario. Durante la primera mitad de 2025 se registraron más de 24 mil robos a transportistas, un incremento del 16% respecto al año anterior. México es el país con más robos de carga del mundo. Aunque datos oficiales reportan una reducción del 21% en robos de tractocamiones y vehículos pesados durante 2025, los transportistas insisten en que la violencia con la que ocurren estos asaltos es cada vez mayor. Los robos de vehículos con mercancía y carga se dan con mayor violencia hacia los conductores, quienes ya no quieren formar parte de las filas de las empresas ante el miedo de ser alcanzados por el crimen.
Las rutas más peligrosas del país se concentran en el corazón logístico de México. La carretera México-Querétaro encabeza la lista con el 22% de los casos registrados, seguida por la Córdoba-Puebla con el 19% y tramos en San Luis Potosí con el 16%. A nivel estatal, el Estado de México concentra el 23% de los siniestros, Puebla el 22% y Guanajuato el 10%. Estas entidades son el epicentro de una crisis que afecta a transportistas de todo el país.
La tecnología también ha cambiado el modus operandi de los delincuentes. Se estima que en el 71% de los robos se utilizan dispositivos tipo «jammer» para bloquear los sistemas de rastreo satelital GPS. Los horarios de mayor incidencia se concentran durante la noche y la madrugada, especialmente entre las 19:00 y las 12:00 horas, así como entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana. Los tractocamiones son el blanco principal, representando el 53% de los delitos registrados.
El costo de esta inseguridad no lo absorbe únicamente el transportista. Las primas de seguros han aumentado entre un 20% y un 30%, y muchas aseguradoras han abandonado el rubro ante la alta siniestralidad. El nivel de violencia que se presenta actualmente es mucho más elevado que hace 10 o 15 años. Antes era muy raro que a un operador de un tractocamión le dispararan; ahora es común. Las cifras oficiales indican que 8 de cada 10 atracos se cometen con violencia.
El impacto en los fletes es igualmente significativo. El precio de los fletes ha aumentado más del 30% debido a la inseguridad, el encarecimiento del diésel y el alza de los seguros. La cotización realizada al cliente ya no lleva una directriz general ni contratos por años; todo eso ha cambiado por la volatilidad del precio del combustible, los robos y un aumento del doble por transitar por una carretera peligrosa. El gasto en seguridad puede representar hasta el 10% del costo de un viaje.
Ese incremento en los costos logísticos se refleja directamente en el precio final de los productos. De acuerdo con datos del sector, los productos agrícolas —altamente sensibles a mermas, tiempos de entrega y costos de seguros— reportaron los mayores incrementos de precios en 2025. En la lista destacan los chiles (64%), el café (27%) y las chuletas y costillas de res (19%), en una tendencia que amenaza con mantenerse en 2026. La inflación subyacente aceleró en enero de 2026 a 4.52% anual, su nivel más alto en meses.
El transporte terrestre es transversal para la economía mexicana. El 68% de las exportaciones se realizan por esta vía. La inseguridad no solo encarece los alimentos, sino que también afecta la competitividad de las empresas y la inversión privada. La incertidumbre crece para el sector, que enfrenta una crisis de violencia y costos operativos que ponen en jaque su viabilidad. La falta de personal calificado y el desgaste de los conductores agravan la situación.
El gobierno federal ha implementado estrategias como el operativo «Cero Robos», que logró reducciones del 55% en la carretera México-Querétaro y del 50% en la México-Puebla. Sin embargo, los transportistas insisten en que la violencia sigue siendo insostenible. La reciente negociación con AMOTAC, que derivó en la suspensión de bloqueos, es un reflejo de que el problema requiere soluciones estructurales, no solo parches. Se han instalado más de 15 mesas de diálogo a nivel federal y estatal para atender las demandas del sector.
La pregunta central persiste sin una respuesta clara: ¿quién paga realmente el costo de los robos al transporte? Los choferes lo pagan con su integridad física y su vida. Las empresas lo pagan con seguros más caros y fletes menos competitivos. Pero el consumidor final —el que compra un chile, una taza de café o un corte de res— es quien termina absorbiendo el incremento en el precio. La ruta del miedo no es solo un problema de seguridad: es un problema económico que afecta a todos los mexicanos.
