Harfuch confirma posible solicitud de extradición para El Mayo Zambada
El Gobierno de México evalúa exigir la entrega de Ismael Zambada para responder ante la justicia nacional y evitar impunidad.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México ha puesto en marcha una revisión de sus mecanismos de fiscalización y persecución penal contra el crimen organizado, al confirmar que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza interponer un reclamo de extradición para que Ismael «El Mayo» Zambada García responda ante los tribunales mexicanos por décadas de actividades ilícitas no juzgadas en el país.
El anuncio formal, realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, responde a la exigencia de auditores del sistema de justicia y legisladores para evitar que la rendición de cuentas del cofundador del Cártel de Sinaloa quede acotada de manera exclusiva al fuero jurisdiccional de Estados Unidos.
El trasfondo de esta iniciativa legal radica en la obligación constitucional del Estado mexicano de juzgar las violaciones graves al orden legal cometidas dentro de las fronteras nacionales, impidiendo que los arreglos o acuerdos procesales fijados en las cortes neoyorquinas extingan la responsabilidad penal sobre homicidios, secuestros y lavados de dinero acumulados en México.
García Harfuch enfatizó que la FGR mantiene un escrutinio permanente sobre la causa penal iniciada en julio de 2024, cuando la captura de Zambada en suelo estadounidense abrió un debate sobre la actuación de las autoridades de procuración de justicia mexicanas y la falta de detención previa del capo en territorio nacional.
El control parlamentario e institucional sobre el caso busca transparentar la actuación del Ministerio Público Federal en las investigaciones abiertas por el traslado no autorizado de Zambada desde Culiacán hacia Nuevo México, suceso que derivó en carpetas por traición a la patria y privación ilegal de la libertad.
Para la administración federal, la eventual extradición de Zambada a México una vez saldadas sus deudas penales con la justicia norteamericana representa un parámetro de efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión locales que durante más de cinco décadas permanecieron inejecutadas por ineficiencia o complicidad institucional.
La SSPC y la FGR mantendrán la supervisión del expediente de extradición en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el compromiso de fiscalizar cada etapa del proceso y garantizar que el erario y los recursos de procuración de justicia aseguren el juzgamiento del capo en México.