Exagente del FBI operó como consultor no registrado para gobernadora de Baja California
Evidencia documental muestra la contratación de un exinvestigador del FBI para gestionar crisis diplomática en la frontera.
Por Juan Pablo Ojeda
La difusión de nuevos audios y capturas de pantalla de la red WhatsApp puso al descubierto la intervención de un exintegrante del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los asuntos privados y de seguridad de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La documentación compromete la rendición de cuentas del gobierno estatal al evidenciar la contratación de Juan Sandoval, un consultor privado con sede en San Diego, para gestionar temas sensibles al margen de los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El hallazgo, revelado mediante una serie de filtraciones por el periodista Héctor de Mauleón, muestra que la mandataria recurrió a un exagente estadounidense para articular su defensa y estrategia frente a agencias de inteligencia de Estados Unidos. Las capturas de pantalla confirman que Ávila Olmeda justificó la contratación directa argumentando la residencia del consultor en la frontera y su pasado en el servicio federal estadounidense.
La presencia de Sandoval en la nómina de asesores no oficiales plantea un severo conflicto de interés y posibles violaciones a las leyes de fiscalización en el ejercicio del gasto público en México. La falta de claridad sobre si los honorarios del exagente —estimados en 300 mil dólares— fueron saldados con recursos públicos o privados abre un nuevo frente de investigación para los órganos de control interno.
En los audios filtrados, la gobernadora reacciona con molestia al enterarse de que los intermediarios estadounidenses entablaron comunicación paralela sin la presencia de sus abogados de cabecera. «Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados», recriminó la funcionaria en los mensajes, evidenciando el uso de despachos jurídicos privados para tratar asuntos de competencia institucional.
El intermediario no identificado respondió en las grabaciones que el acercamiento buscaba poner en conocimiento de la mandataria la información disponible para que su equipo legal actuara en consecuencia, celebrando de paso que Sandoval y los investigadores estadounidenses se conocieran previamente por su trayectoria compartida en el FBI. Esta revelación confirma la existencia de una red de cabildeo informal operando en la frontera entre Tijuana y San Diego.
La omisión de los canales diplomáticos ordinarios por parte de una gobernadora en funciones vulnera la Ley sobre la Celebración de Tratados y los convenios de coordinación en materia de seguridad nacional entre México y Estados Unidos. Ninguna de las agencias señaladas en los audios ha emitido una postura que acredite la validez de estas gestiones privadas.
El caso coloca bajo sospecha la transparencia de la administración de Baja California, sumando la figura de Juan Sandoval a la lista de asesores externos y despachos extranjeros involucrados en la estrategia de la mandataria estatal. Las autoridades fiscalizadoras están obligadas a determinar la legalidad de los fondos utilizados para financiar estas operaciones de consultoría fronteriza.