Una red de diez empresas con vínculos corporativos obtuvo 42 contratos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por 2 mil 314 millones de pesos sin IVA entre 2019 y 2025, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Los recursos fueron asignados durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para obras hidráulicas en distintos puntos del país.
El monto corresponde al valor de los contratos identificados por la organización civil y no a un desvío de recursos acreditado por una autoridad. La revisión abre preguntas sobre los controles aplicados por CONAGUA para comprobar la capacidad técnica de los contratistas, la competencia efectiva en las licitaciones y el avance físico de las obras.
En el centro del entramado aparece Ferroclin U&Q, una sociedad constituida en 2014 ante la Notaría Pública 27 de Tabasco, entonces a cargo del actual senador Adán Augusto López Hernández, según MCCI. El dato registral permite ubicar el origen corporativo de la empresa, pero no acredita por sí mismo que el fedatario haya participado en contratos posteriores o recibido beneficios derivados de ellos.
Ferroclin U&Q recibió más de 329 millones de pesos en contratos de CONAGUA entre 2019 y 2023. El Diario Oficial de la Federación publicó el 13 de marzo de 2026 su inclusión en el listado global definitivo previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
El artículo 69-B establece que la autoridad fiscal puede presumir la inexistencia de operaciones cuando un contribuyente emite comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o entregar los bienes facturados, o cuando no es localizado. La inclusión de Ferroclin en ese listado constituye una alerta fiscal sobre esa empresa; no convierte automáticamente en simuladas todas las obras contratadas ni extiende el señalamiento a las otras nueve compañías.
La ruta del dinero no se quedó atorada en el escritorio. Los contratos alcanzaron proyectos como la presa Santa María y el sistema Picachos-Siqueros, en Sinaloa, así como la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, en Sonora. MCCI calculó que 12 contratos por mil 528 millones de pesos, equivalentes al 66 por ciento del monto total revisado, estuvieron relacionados con proyectos hidráulicos prioritarios.
En el caso de la presa derivadora Siqueros, MCCI reportó que Ferroclin obtuvo un contrato por 90.5 millones de pesos en junio de 2022 para obras de sobreelevación. En marzo de 2023 recibió otro contrato por 156 millones de pesos, mediante adjudicación directa, para concluir una segunda etapa. La infraestructura forma parte del sistema que distribuye agua hacia el acueducto de Mazatlán y hacia zonas de riego agrícola del sur de Sinaloa.
La investigación también identificó coincidencias entre empresas que participaron en procedimientos de contratación. Siete de las diez compañías designaron a los mismos tres gerentes administrativos: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos. En una licitación relacionada con Siqueros, Ferroclin y Estudios y Diseños Constructivos quedaron como las únicas dos propuestas solventes entre 18 participantes, pese a compartir esos perfiles administrativos, según MCCI.
El reportaje puso bajo la lupa los tramos administrativos en los que se asignaron los contratos. Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la Gerencia de Recursos Materiales de CONAGUA entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Después ocupó la Subdirección General de Administración. Su sucesor en la gerencia fue Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía Presidencial, quien permaneció en el área hasta diciembre de 2024.
MCCI señaló que los periodos encabezados por Martínez Rodríguez y Medel Ríos concentraron contratos por mil 841 millones de pesos, casi 80 por ciento del monto total identificado. La organización precisó que la Gerencia de Recursos Materiales fue el área responsable de 38 de los 42 contratos revisados.
Consultada por MCCI, CONAGUA respondió que la información de los contratos es pública y que, en caso de recibir denuncias por presuntos actos de corrupción, las canalizará a las instancias correspondientes. Martínez Rodríguez afirmó que existen distintos tramos de responsabilidad en los procesos de contratación y que la gerencia adjudica a las empresas que cumplen con la documentación requerida.
Un representante de Ferroclin, quien no proporcionó su nombre, dijo a MCCI que la compañía busca desvirtuar la clasificación fiscal y sostuvo que solamente mantiene una relación de trabajo con las otras empresas. La organización también reportó que Ferroclin participó en marzo de 2026 en una licitación de CONAGUA para construir un bordo en la margen derecha del río Suchiate, en Chiapas.
El Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui ya cuenta con observaciones oficiales independientes. En una auditoría a la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 16.7 millones de pesos en un contrato asignado a Constructora Campos Rocha, una de las empresas mencionadas por MCCI. La observación corresponde a volúmenes adicionales estimados y pagados por encima de los considerados en el proyecto autorizado.
El caso deja sobre la mesa una revisión más amplia: cuánto dinero fue efectivamente pagado, qué trabajos fueron entregados, cuáles obras están en operación y qué medidas tomará CONAGUA después de la inclusión de Ferroclin en el listado definitivo del SAT. La clave será contrastar contratos, estimaciones, bitácoras, supervisiones y visitas de campo para distinguir entre alertas documentales, irregularidades administrativas y posibles responsabilidades legales.
