La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta una crisis generalizada de desapariciones, agravada por fallas institucionales en la búsqueda de personas y la identificación de restos humanos. El organismo aprobó su informe temático el 9 de febrero de 2026 y difundió su publicación el 13 de mayo.
El documento toma como referencia una consulta al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) realizada el 3 de junio de 2025. En ese corte se contabilizaban 128 mil 713 personas desaparecidas. La CIDH precisa que el registro se actualiza de manera permanente, por lo que la cifra debe entenderse como una fotografía estadística y no como un número definitivo.
La mayor concentración de casos se encontraba en Jalisco, con 15 mil 330 personas desaparecidas; el Estado de México, con 14 mil 48; y Tamaulipas, con 13 mil 471. En conjunto, estas cifras muestran que la crisis no se limita a una región específica, aunque existen entidades con una incidencia especialmente alta.
El informe también coloca el foco en la emergencia forense. Conteos independientes citados por la CIDH estiman que más de 70 mil cuerpos no identificados permanecen bajo custodia del Estado. El problema no se reduce a la capacidad de los servicios periciales: también involucra fallas de registro, trazabilidad y coordinación entre instituciones.
La CIDH advierte que algunas personas buscadas durante años por sus familiares ya se encontraban fallecidas y bajo resguardo de las autoridades. El caso de Braulio Bacilio Caballero ilustra estas fallas: el adolescente murió atropellado en 2016, pero sus restos fueron registrados como los de un adulto. Su familia tardó seis años en localizarlo.
Niñas y adolescentes enfrentan riesgos específicos
Aunque el 76.83 por ciento de las personas desaparecidas registradas son hombres, el informe identifica una tendencia distinta entre adolescentes. En el grupo de 12 a 16 años, las mujeres superan a los hombres: el registro contabilizaba 5 mil 454 niñas y adolescentes desaparecidas, frente a 4 mil 266 varones.
La CIDH relaciona parte de estas desapariciones con violencia de género, trata de personas y mecanismos de captación mediante redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles. El documento señala que los engaños afectivos y el grooming pueden utilizarse para aislar a las víctimas y someterlas a explotación sexual, trabajo forzado u otras formas de violencia.
El informe también recoge el caso de Mónica Alejandrina, desaparecida en 2004 cuando se dirigía desde el Estado de México a su universidad en la Ciudad de México. Su madre, Adela Alvarado, informó a la CIDH que la familia contrató a un investigador privado, enfrentó amenazas y descubrió que 19 tomos de la carpeta de investigación habían sido extraviados.
Rutas de riesgo y desaparición de migrantes
La geografía de la crisis sigue patrones vinculados con la actividad del crimen organizado. La CIDH identifica zonas de riesgo como el denominado Corredor del Pacífico, integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, así como la carretera 85D Monterrey-Nuevo Laredo.
En esa vía, conocida como la “Carretera de la Muerte”, autoridades de Tamaulipas reconocieron en 2023 la desaparición de al menos 200 personas, de acuerdo con información periodística retomada por el organismo. Solo 18 habían sido encontradas con vida. Entre las víctimas se encuentran transportistas, conductores particulares y acompañantes.
La desaparición de personas migrantes presenta un subregistro considerable. El RNPDNO contabilizaba 277 casos, pero el informe cita un estudio de organizaciones civiles que documentó 686 desapariciones en los desiertos de Chihuahua y Sonora durante 2022. En Tapachula, Chiapas, se reportaron 561 casos entre 2019 y 2022, principalmente de personas centroamericanas.
Reformas bajo observación
El Estado mexicano informó a la CIDH sobre medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, reformas legales aprobadas en 2025, acciones para mejorar la interoperabilidad de bases de datos, mesas de diálogo con colectivos y subsidios dirigidos a comisiones locales de búsqueda.
Sin embargo, el propio informe recoge cuestionamientos de grupos de familiares y colectivos de búsqueda. Entre las críticas se encuentra la percepción de que algunas reformas no atienden los problemas de fondo y que el proceso legislativo avanzó con excesiva rapidez, sin una consulta suficiente con quienes buscan a sus familiares.
La crisis no puede resumirse en una cifra acumulada. El informe de la CIDH muestra que cada desaparición expone problemas distintos: violencia criminal, riesgos diferenciados para niñas y adolescentes, vulnerabilidad de migrantes, fallas de investigación y errores administrativos que pueden prolongar durante años la incertidumbre de las familias.
