Seis páginas y un sello a las 12:10: Dávila deja la Permanente del PAN

Por Bruno Cortés

Adriana Dávila Fernández cerró el 31 de agosto de 2026 un ciclo en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Lo hizo por escrito, con firma, con copia a los integrantes del órgano y con sello de recibido de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional a las 12:10 horas. La preocupación que recorre el texto no es menor: dice que ese espacio dejó de servir para lo que fue inventado.

La destinataria no es abstracta. La carta va a Jorge Romero Herrera, presidente del CEN y de la propia Permanente. Dávila precisa que no rompe con el partido ni con su doctrina. Lo que da por muerto es su paso por un órgano que, según ella, ya no tiene sentido político ni funcional. El micro-gancho está en la distinción: se puede militar y, al mismo tiempo, negarse a convalidar el simulacro.

El documento no es un comunicado de tres renglones. Son seis fojas. Empieza por el país —crisis política, social y económica tras la llegada de Morena al gobierno— y baja al tornillo interno. Dávila sostiene que el mal desempeño del oficialismo debería ser el estímulo mínimo para que una dirigencia opositora haga contrapeso. Luego describe lo que vio adentro: simulación, incongruencia e inacción.

Hay un número que ancla el reclamo de recursos. Dávila escribe que no se puede comparar la capacidad de “una dirigencia nacional —que cuenta con cerca de 2 mil millones de pesos de presupuesto, 31 dirigencias estatales y una dirigencia regional, bancadas federales y locales—” con militantes que aportan de su bolsillo. El dato, tal cual, es de ella. El INE, en cambio, fijó el financiamiento ordinario federal del PAN en 2026 en mil 297 millones 873 mil 517 pesos. La diferencia obliga a preguntar qué suma ella y qué no.

¿Y si el problema no fuera solo el presupuesto, sino la agenda que nunca se sentó en la mesa? Dávila relata que, al arranque de la legislatura y tras el nombramiento de Ricardo Anaya como coordinador en el Senado, pidió discutir la desaparición de poderes en Sinaloa, la inseguridad en Tabasco, La Barredora y la entonces posible reforma al Poder Judicial. Según su versión, esos puntos no entraron al orden del día con el argumento de que el presidente del partido los abordaría en su mensaje. Meses después, escribe, el daño ya estaba hecho.

La carta pone nombres de geografía dura. Veracruz, Durango y Coahuila aparecen como pruebas de un deterioro que los órganos internos, dice, no procesaron con seriedad. En Coahuila el hecho público sí está documentado: el PAN obtuvo 2.29 por ciento en la elección local, perdió el registro estatal y la propia Permanente disolvió el comité en la última semana de agosto. Eso no es metáfora. Es padrón y prerrogativa que se esfumaron.

Sobre Veracruz, Dávila afirma que definiciones de candidaturas se resolvieron “en cuestión de minutos, a ciegas y sin sustento”, sin trayectorias valoradas ni sondeos serios. El resultado, según ella, fue una fila de militantes que se fueron uno a uno, convertidos en números. Es el tipo de acusación que un partido puede contestar con actas. Hasta ahora, no hay respuesta en el expediente público.

El tramo más delicado de la carta no es el tono: es la reforma judicial. Dávila dice que pidió debatirla en la Permanente; que hacia afuera hubo rechazo; y que, en los hechos, circularon denuncias sobre “acordeones” o “guías de votación” para impulsar perfiles afines al régimen. Aclara que la contrapropuesta “jamás llegó al espacio público”. Eso, hoy, es una imputación de parte. No una sentencia. Quien la publique como hecho consumado está haciendo trampa.

La incongruencia que describe tiene forma de sandwich: discurso firme contra el régimen por un lado; votaciones legislativas que, según ella, mandan el mensaje contrario por el otro. Suma otro foco: la “doble señal” en las alianzas con el PRI. Mientras la dirigencia nacional sostiene una posición, en los estados se tolera o se impulsa otra. Más allá de los logotipos, escribe, el problema grave es la llegada de personajes “más parecidos a los Yunes que a Castillo Peraza”, que una vez electos terminan en lógica de alianza con Morena. Cita Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tlaxcala y Guerrero. Cada entidad merece su propia verificación de votos y de lealtades.

La reforma de estatutos, en su relato, fue la gota. Dice que las sesiones virtuales sirvieron para legitimar lo ya decidido, que las comisiones fueron escenografía y que el cambio estatutario buscó convalidar una reelección acordada de antemano. Aquí hay un piso legal verificable: la Asamblea de finales de 2025 reformó estatutos y, en junio de 2026, el TEPJF validó el esquema que permite a Romero buscar una sola reelección, con alternancia de género después. Lo que no está probado es la intención que Dávila le atribuye al proceso —el “ya estaba cocinado”— ni el uso de la Permanente como tramoya.

Hacia el final, la carta se pone casi doméstica. Dávila afirma que Romero le dijo que la Permanente es “un espacio para al menos desahogarse”. Reducir el órgano al muro de los lamentos, escribe, daña al país y a la propia dirigencia. Prefiere, dice, las batallas externas donde México sea la prioridad. Suena a frase de cierre de mitin. También suena a diagnóstico de un partido que discute tarde lo que el país ya pagó caro.

Para el lector la consecuencia no es un chisme de pasillo. Si el órgano que debería corregir rumbo se vuelve sala de desahogo, la oposición llega a 2027 con menos brújula y más sospecha. Lo accionable es simple: pedir las actas, pedir la réplica y no comprar ni la carta ni el silencio como verdad completa.

La imagen que queda, si se permite la crónica, es la de un sello rojo sobre papel membretado: 31 de agosto, 12:10, asunto Renuncia. En política mexicana, a veces el reloj de entrada dice más que el discurso de unidad. La pregunta que se puede hacer en la mesa, en el café o en la próxima asamblea es esta: si la Permanente no delibera, ¿quién sí?