Sancionan a Calzada Construcciones y Dragados del Sureste por subcontratación prohibida
La SFP de Zacatecas sancionó a dos empresas del Grupo ICSA por subcontratación prohibida en el segundo piso del bulevar metropolitano: multa de 1 millón 783 mil 110 pesos e inhabilitación de tres años.
Por Bruno Cortés
Zacatecas, Zac.— Calzada Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V., empresas del Grupo ICSA, fueron sancionadas este lunes 10 de noviembre por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas al acreditarse subcontratación prohibida en la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano.
La resolución, presentada en conferencia de prensa por el titular de la dependencia, Ernesto González Romo, contempla una multa de un millón 783 mil 110 pesos y la inhabilitación de ambas compañías por tres años para participar en contrataciones y firmar contratos públicos. Es el desenlace del primero de cuatro procedimientos que la SFP abrió sobre esa obra.
«La conducta que se está sancionando es la subcontratación prohibida en el contrato y prohibida por la Ley de Obra Pública del Estado de Zacatecas», expuso el secretario. Las empresas ya fueron notificadas y pueden inconformarse por la vía legal. Si la resolución queda firme, la inhabilitación tendría alcance nacional y les impediría contratar con autoridades de cualquier nivel de gobierno.
Un proyecto de más de 3 mil 562 millones, detenido y finiquitado
El contrato se formalizó el 24 de enero de 2024, después de una licitación pública nacional, por 3 mil 562 millones 536 mil 580 pesos con ocho centavos. El anticipo, de 547 millones de pesos, se entregó mediante un fideicomiso. Con el tiempo, jueces de distrito en Zacatecas dictaron siete suspensiones definitivas, y el proyecto quedó sin una fecha cierta de conclusión.
El 13 de junio de 2025 se inició la terminación anticipada. Entre el 30 de julio y el 8 de agosto de ese año se desarrolló el periodo de finiquito, en el que las constructoras presentaron gastos por los trabajos realizados y por otros conceptos asociados al proyecto. Esa documentación, junto con estimaciones, planos y comunicaciones oficiales, integra un expediente de más de 21 mil fojas, parte del cual fue colocado en cajas junto al podio durante el anuncio.
La multa y la inhabilitación
Tras concluir el primer procedimiento administrativo sancionador, González Romo enunció la consecuencia: «Esta autoridad ha determinado imponer a los contratistas Calzada Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V. el pago de una multa por la cantidad de un millón setecientos ochenta y tres mil ciento diez pesos.» En el mismo acto se determinó inhabilitar a las dos constructoras para participar en procesos de contratación y celebrar contratos durante un periodo de tres años.
El funcionario ofreció una disculpa por el horario de la conferencia, pero sostuvo que era necesario dar a conocer la información. Recordó, además, que la propia SFP había habilitado un portal para dar seguimiento a la documentación del proyecto, en un esfuerzo de transparencia sobre una obra de alto interés público.
Lo que todavía se investiga
Quedan pendientes tres frentes. Un segundo procedimiento administrativo revisa 18 facturas por 16 millones 772 mil pesos, a fin de establecer si hubo simulación de actividades, subcontrataciones o pagos que no correspondan a trabajos efectivamente ejecutados. Ese proceso está detenido de forma temporal porque la empresa pidió un espacio para una posible conciliación.
En paralelo, una auditoría —con un avance cercano al 80 por ciento— examina la obra desde su planeación hasta los procedimientos de ejecución. Y una investigación por alrededor de 250 millones de pesos, que ya suma 11 denuncias, analiza si en el finiquito se simuló actividad o se usó documentación para justificar recursos no devengados.
González Romo advirtió que, de acreditarse esas irregularidades, se dará vista a las autoridades fiscales y judiciales para que se determinen responsabilidades tributarias y penales. Anticipó que el segundo procedimiento podría resolverse en un plazo relativamente breve, mientras que la auditoría y la investigación de los 250 millones exigirán más tiempo, precisamente por el tamaño del expediente y la obligación de respetar el debido proceso.