Tu queja contra un medio de comunicación se registrará en un sitio sin soporte técnico

Por Bruno Cortés

El gobierno federal se alista para exigir a cada estación de radio y televisión del país que publique un código de ética y nombre un defensor de audiencias. Todo ese cumplimiento se registrará y se consultará en el Registro Público de Concesiones. Una revisión del código y la navegación de esas plataformas encontró que el sistema sigue operando en el dominio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo extinguido hace diez meses, y que el portal institucional corre sobre un gestor de contenidos que dejó de recibir parches de seguridad hace año y medio. No es un problema estético: es la infraestructura donde la ley dice que vive la transparencia de los medios.

Lo primero se comprueba sin conocimientos técnicos, solo mirando la barra de direcciones. El Registro Público de Concesiones se consulta en rpc.ift.org.mx. Los archivos PDF de los códigos de ética de los medios se descargan de sert.ift.org.mx. Los logotipos que carga el visor se llaman, en el propio código, «logotipo-ift». El botón que anuncia «Portal de la CRT» lleva a la dirección del instituto extinto, y además sin cifrado, en la versión insegura del protocolo. Hasta las políticas de privacidad del regulador vigente redirigen al sitio del organismo que ya no existe.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se creó en octubre de 2025 como sucesora del IFT, tras la reforma que eliminó siete órganos autónomos. Diez meses después, el registro público que da fe legal de concesiones, códigos de ética y defensores de audiencias sigue timbrado con el nombre del anterior. Es como si una notaría cambiara de dueño y de razón social pero siguiera sellando escrituras con el timbre del notario que se jubiló: los documentos valen, pero el sello ya no corresponde a nadie.

El segundo hallazgo pesa más y también se verifica desde cualquier navegador, en el código fuente de la página. El sitio institucional declara que corre sobre Drupal 7. Ese gestor de contenidos llegó a su fin de vida el 5 de enero de 2025. Desde esa fecha dejó de recibir actualizaciones de seguridad y de compatibilidad, y la propia fundación que lo desarrolla advirtió públicamente que las vulnerabilidades podrían divulgarse abiertamente y ser explotadas sin previo aviso. Han pasado dieciocho meses.

Conviene ser preciso, porque en estos temas la imprecisión hace daño: no hay evidencia de que el sitio haya sido vulnerado ni de que exista una brecha activa. Lo que hay es un sistema operando sin mantenimiento de seguridad. Traducido a algo cotidiano: es la chapa cuyo fabricante cerró, sin repuestos y sin cerrajero que la atienda, en el edificio donde se guardan los papeles de todo el vecindario. No quiere decir que ya entraron. Quiere decir que si alguien lo intenta, no hay quién arregle la cerradura.

Hay un tercer detalle que llama la atención por quién es el dueño de la casa. El portal carga el administrador de etiquetas de Google y un píxel de rastreo publicitario del sistema DoubleClick, de la misma empresa. Es infraestructura de seguimiento comercial en el sitio del organismo que está por exigirle a los medios que separen con claridad la publicidad del contenido informativo, incluso obligándolos a marcar los bloques publicitarios en pantalla con un distintivo visible durante cinco segundos. No es ilegal ni raro en portales de gobierno. Pero es exactamente el tipo de asunto que un órgano interno de control revisa cuando hay datos de usuarios de por medio.

Y hay un cuarto, que dice mucho del cuidado con que se armó la plataforma. El visor del Registro Público de Concesiones se construyó sobre una plantilla comercial de la que quedaron restos en el código: un carrito de compras con un boleto al museo del Louvre y dos tours a Versalles, con enlaces a páginas de carrito y de pago. No es visible para quien navega —está oculto en el diseño— pero permanece en el código que el servidor entrega a cada visitante. En ese mismo pie de página, el nombre del organismo aparece escrito sin acentos y con una letra de menos, junto a un año de copyright anterior a su propia creación.

Lo que sí funciona, y hay que decirlo con la misma claridad, es el archivo de códigos de ética. La base completa registra 2 mil 492 códigos vigentes, todos con liga publicada, todos en formato PDF, todos con dirección única y cifrada. Cero registros huecos, cero duplicados. En estructura documental está impecable. Falta la prueba de fuego: confirmar cuántas de esas 2 mil 492 direcciones efectivamente abren un documento cuando alguien hace clic, verificación que está en curso.

¿Y por qué debería importarle esto a quien nada más prende la radio rumbo al trabajo? Porque el reglamento que se discute obliga a que el código de ética de cada medio sea público y consultable, y a que las quejas de la audiencia queden registradas ante la autoridad. Todo eso pasa por estas plataformas. Un derecho que solo se puede ejercer a través de un sistema alojado en un dominio extinto y sostenido por software sin mantenimiento es un derecho que existe en el papel y depende, en la práctica, de que la infraestructura aguante. La consulta pública sobre los lineamientos cierra el 21 de agosto y cualquier persona puede participar en el portal de la Comisión.

Queda la pregunta para llevar a la sobremesa, de esas que se cuentan solas: si el organismo que va a calificar la transparencia de los medios de México lleva diez meses sin poder mudarse del dominio de su antecesor, y año y medio sin actualizar la seguridad del sitio donde eso se consulta, ¿en cuánto tiempo cree usted que estará listo para vigilar tres mil ciento veintiún estaciones de radio y televisión?