Por Bruno Cortés
La presión de Estados Unidos sobre México ya no se limita a una amenaza aislada ni a una declaración estridente de Donald Trump. Seguridad, migración, comercio, agua y soberanía se cruzan ahora con un expediente penal que apunta al corazón del poder político en Sinaloa y obliga al Gobierno mexicano a abandonar las respuestas generales.
Trump ha construido una narrativa directa: México no puede contener por sí solo a los cárteles y Washington debe reservarse la posibilidad de actuar. En mayo de 2025 confirmó que ofreció enviar tropas estadounidenses para combatir a organizaciones criminales y, después de que Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta, afirmó que la presidenta estaba tan asustada de los cárteles que no podía pensar con claridad. Sheinbaum respondió que la cooperación era posible, pero no la subordinación ni la presencia militar extranjera.
El tono escaló en enero de 2026. Trump aseguró que los cárteles estaban “dirigiendo México” y anticipó acciones “por tierra” contra esas organizaciones. La afirmación no demuestra que el Estado mexicano esté bajo control generalizado del crimen organizado, pero sí expone el marco político con el que la Casa Blanca busca justificar una estrategia más agresiva.
La presión también utiliza instrumentos económicos. Desde febrero de 2025, la Casa Blanca vinculó aranceles adicionales contra productos mexicanos con el tráfico de fentanilo y el control fronterizo. En diciembre de ese año, Trump amenazó con elevar tarifas por la disputa sobre las entregas de agua previstas en el tratado bilateral de 1944.
Incluso los gestos simbólicos forman parte de la ofensiva política. Trump ordenó que el Gobierno estadounidense utilizara la denominación “Golfo de América” para referirse al Golfo de México. La Cámara de Representantes respaldó después una iniciativa para codificar el cambio en documentos y mapas federales, con una votación cerrada de 211 votos a favor y 206 en contra. La medida no obliga a México ni modifica por sí sola el uso internacional del nombre.
El expediente de Nueva York cambia el terreno
La discusión adquirió otra dimensión con la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otras nueve personas que ocupan o han ocupado cargos públicos en la entidad. La Fiscalía sostiene que los imputados conspiraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político.
Entre los acusados aparece Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal. El expediente afirma que recibió más de 100 mil dólares mensuales durante 2023 y 2024 y que filtró información sobre operativos contra laboratorios clandestinos para favorecer a la facción de Los Chapitos. Se trata de alegaciones de la Fiscalía: deberán probarse ante un tribunal.
Durante una audiencia en Nueva York, la jueza Katherine Polk Failla concedió tiempo adicional para procesar y entregar a la defensa el material acumulado. La referencia a una cantidad considerable de evidencia no equivale a una sentencia ni valida automáticamente cada acusación. Significa que el expediente no parece reducirse a señalamientos genéricos y que la defensa deberá revisar, impugnar y controvertir los materiales durante el proceso.
El punto crítico ya no es si Washington tiene derecho a imponer su versión como verdad definitiva. La pregunta es qué sabían las instituciones mexicanas, desde cuándo lo sabían y qué hicieron con esa información. Si existían alertas sobre presuntas filtraciones de operativos, sobornos o protección política, la Fiscalía General de la República debe explicar si abrió investigaciones y si recibió solicitudes formales de cooperación.
La soberanía no basta como respuesta
Sheinbaum ha endurecido su discurso. La presidenta acusó a sectores de la ultraderecha estadounidense de coordinarse con actores internos para debilitar a su Gobierno, aunque aclaró que no considera que Trump dirija personalmente esa ofensiva. También preguntó quién debe decidir el rumbo del país: las agencias extranjeras o el pueblo mexicano.
La defensa de la soberanía es legítima. Una fiscalía extranjera no puede sustituir a las instituciones mexicanas ni convertir una acusación en una sentencia política anticipada. Pero el argumento pierde fuerza si se utiliza para eludir preguntas concretas sobre funcionarios señalados con nombres, cargos y conductas específicas.
El Congreso mexicano ya aprobó una reforma constitucional para incluir la interferencia extranjera como causal de nulidad electoral. La medida contempla financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación, manipulación digital e intervención de gobiernos o agencias extranjeras. La oposición ha advertido que una definición demasiado amplia podría utilizarse para cuestionar resultados electorales o restringir expresiones legítimas.
El TMEC convierte la crisis en una negociación de alto riesgo
La disputa ocurre mientras México y Estados Unidos revisan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La primera ronda bilateral concluyó el 29 de mayo y abordó reglas de origen del sector automotor, acero, aluminio y seguridad económica. La Oficina del Representante Comercial estadounidense anunció reuniones adicionales en Washington y Ciudad de México.
No existe evidencia pública suficiente para afirmar que el expediente penal contra Rocha Moya forme parte de una negociación comercial. Sin embargo, la coincidencia aumenta el costo político para México. Seguridad, aranceles, agua y revisión del tratado avanzan en paralelo y pueden contaminarse mutuamente.
Washington tampoco habla con una sola voz. Algunos sectores republicanos impulsan una línea dura contra los cárteles y defienden medidas coercitivas. Otros legisladores advierten que una intervención unilateral dañaría la cooperación bilateral. Presentar al Congreso estadounidense como un bloque uniforme sería una simplificación.
México enfrenta una disyuntiva incómoda. Aceptar sin revisión cualquier acusación estadounidense implicaría renunciar a la soberanía judicial. Desechar automáticamente los señalamientos como una maniobra política convertiría la soberanía en coartada.
La salida institucional requiere algo menos espectacular, pero más difícil: investigar, transparentar lo posible, exigir evidencia verificable y deslindar responsabilidades sin proteger a nadie por su cargo, partido o cercanía con el poder.
