La lista de políticos de Morena bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado no para de crecer. El 3 de junio de 2026, el diario Los Angeles Times reportó que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, a quienes habría retirado la visa desde el año pasado. Con ellos suman tres mandatarios en funciones del partido guinda señalados por Washington, en un proceso que avanza a 12 meses de las elecciones intermedias.
De acuerdo con el medio californiano, a Durazo se le investiga por presuntos nexos con el crimen organizado y a Villarreal por contrabando de combustible, conocido en México como huachicol. El reporte detalla que, pese a la cancelación de sus visas, ambos siguen ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial —un «parol»— que se otorga a personas que colaboran o participan como testigos en investigaciones. El periodista Steve Fisher, autor de la nota, afirmó que en algunas ocasiones las autoridades estadounidenses reciben al gobernador de Tamaulipas en la frontera para escoltarlo a su destino.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ese mismo día desde Palacio Nacional. Pidió a los dos gobernadores salir a aclarar si conservan sus visas y cuestionó la intención detrás de hacer pública la medida. «¿Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público?», planteó la mandataria, quien atribuyó la filtración a «algunos sectores» y reiteró que su gobierno no detendrá a nadie sin pruebas. Días antes, Sheinbaum había pedido al embajador estadounidense Ronald Johnson no opinar sobre asuntos internos del país.
Los aludidos rechazaron los señalamientos. El gobernador de Sonora ofreció una rueda de prensa para negar cualquier complicidad: «Lo que me pone a salvo es toda una vida, no esta declaración de no vinculación con algún grupo criminal», dijo Durazo, quien aseguró que su visa y la de su hijo siguen vigentes. Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas calificaron de falsa la información a través de redes sociales.
El antecedente que formalizó esta ofensiva es el caso Sinaloa. El 29 de abril de 2026, por primera vez en la historia, Estados Unidos imputó y pidió la extradición de un gobernador mexicano en funciones: Rubén Rocha Moya, hoy con licencia, acusado junto con otros nueve personajes de apoyar al Cártel de Sinaloa a traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a cambio de sobornos. De los diez acusados, dos se entregaron a Estados Unidos —los exsecretarios estatales Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez—, tres pidieron licencia y de cuatro se desconoce el paradero. A todos se les bloquearon preventivamente las cuentas en México.
El frente abierto en Tabasco es otro de los que pesan. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y permanece en el penal del Altiplano. Su audiencia intermedia se aplazó al 15 de junio de 2026, luego de que la FGR entregó un expediente de 12 tomos. Una investigación de El Universal documentó que un socio del hermano de Bermúdez financió con 189 mil pesos nueve mítines de la precampaña presidencial de Adán Augusto en 2023; el senador, quien dejó la coordinación de Morena en el Senado, ha evitado responder a la prensa sobre el tema.
A la trama se suma el huachicol fiscal, que tocó a la Marina. Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, son señalados por encabezar una red que introducía combustible de Estados Unidos disfrazado de aditivos para evadir impuestos. El vicealmirante está preso en México y el contralmirante fue capturado en Argentina, donde espera su extradición. Las autoridades calculan que el esquema generó pérdidas por unos 500 mil millones de pesos.
En el plano municipal, el saldo es el más numeroso. El 27 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos por presuntos nexos criminales en lo que va de la administración, incluidos seis presidentes municipales en funciones. Entre los alcaldes morenistas detenidos figuran Diego Rivera Navarro (Tequila, Jalisco), Ernesto Cruz Díaz (Cintalapa, Chiapas) y Agustín Toledano Amaro (Atlatlahucan, Morelos).
El telón de fondo es electoral, y ahí está lo que pone nervioso al partido. El 6 de junio de 2027 se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 2,400 ayuntamientos. Dos de esas gubernaturas en disputa —Sinaloa y Sonora— corresponden justamente a estados cuyos gobernadores están bajo investigación. Las encuestas dibujan un escenario dispar: mediciones de oposición ubican la caída de Morena de 55% a 41% de intención de voto en un año, mientras casas como Mitofsky mantienen la aprobación de Sheinbaum cerca del 68%. La oposición, fragmentada, no ha logrado capitalizar la inseguridad y la corrupción, los dos temas que más preocupan a la ciudadanía.
La pelota ya rueda en el terreno político. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó las revelaciones como «un golpe directo a la credibilidad del país» y acusó al gobierno de proteger a los señalados. Por su parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que «algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena» para fortalecer a la derecha rumbo a 2027. En respuesta, Morena respaldó una reforma para crear en el INE una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y se comprometió a ser el primer partido en aceptar que todos sus aspirantes sean investigados.
Como contrapeso, no todos los casos han prosperado. El diputado y exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco conservó su fuero luego de que Morena, el PRI y el PVEM desecharan en 2025 la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Morelos por tentativa de violación; en mayo de 2026 el expediente fue declarado «notoriamente improcedente». El antecedente de la presión migratoria tampoco es nuevo: Reuters reportó el año pasado el retiro de visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, aunque pocos casos se han hecho públicos.
