- Un esquema sistemático de evasión de impuestos en la importación de combustibles, denominado «huachicol fiscal», habría generado una pérdida para el Estado mexicano superior al medio billón de pesos durante el sexenio anterior, de acuerdo con un cruce de registros oficiales.
Documentos internos elaborados por la extinta Alianza Federalista de Gobernadores, cotejados con los registros oficiales de exportación del gobierno de Estados Unidos, confirman que la falta de pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzó los 554 mil millones de pesos entre 2019 y 2024.
A esta masiva evasión tributaria se debe sumar una pérdida estimada en 50 mil millones de pesos anuales por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). En conjunto, el esquema de importación fraudulenta representó una sangría mensual de aproximadamente 13 mil millones de pesos para las arcas de la Tesorería de la Federación.
El modus operandi principal consistía en la importación masiva de gasolinas que eran declaradas falsamente en los cruces aduanales fronterizos. Al registrar el producto bajo otras fracciones arancelarias o reportar los contenedores como vacíos, los importadores lograban internar el combustible al mercado mexicano evadiendo sus obligaciones fiscales.
Para dimensionar el impacto económico de esta estructura, analistas advierten que las pérdidas anuales superan ampliamente cualquier registro previo de corrupción gubernamental. Matemáticamente, el desfalco anual por este esquema equivale a multiplicar por diez el monto desviado en el caso de Segalmex, el cual se calculó en 15 mil millones de pesos.
El crecimiento de este mercado ilícito obligó a una sofisticación de la logística. Lo que comenzó como un flujo irregular de autotanques en la frontera norte, escaló rápidamente hacia el uso de vagones de ferrocarril y, en su etapa más avanzada, a la utilización de buquetanques transoceánicos que descargaban combustible de contrabando a la vista de las autoridades portuarias.
Ante la magnitud de estas revelaciones, la actual administración federal ha comenzado a emitir señales de un cambio en la estrategia de persecución. Recientemente, la titular de la Secretaría de Gobernación adelantó que se prepara un «golpe de timón» institucional, asegurando que habrá personas procesadas por este quebranto al erario.
El reto principal para las dependencias hacendarias y de seguridad será documentar exhaustivamente las operaciones de los últimos cinco años para fincar responsabilidades penales y administrativas, así como cerrar las lagunas normativas que permitieron la consolidación de esta red aduanera.
