La crisis de desapariciones en México mantiene bajo presión a las instituciones federales y estatales. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ya supera los 134 mil casos acumulados, mientras el Gobierno federal busca mejorar la localización de personas mediante cruces de información, nuevas plataformas digitales y reformas legales.
El problema no cabe en una sola cifra. Detrás del registro hay familias que recorren fiscalías, comisiones de búsqueda, hospitales, servicios forenses y caminos de terracería. En distintas zonas del país, los colectivos también organizan brigadas en campo para tratar de encontrar indicios que permitan abrir una ruta de investigación.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 fue aprobada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2025. El documento plantea cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación con las entidades federativas.
En materia de desapariciones, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó cambios legales para acelerar las búsquedas y conectar bases de datos que antes operaban de forma fragmentada. La reforma fue publicada el 16 de julio de 2025 e incluyó modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición y a la Ley General de Población.
Uno de los principales instrumentos es la Plataforma Única de Identidad. El sistema debe permitir consultas permanentes y cruces en tiempo real con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, carpetas de investigación, bases forenses y registros administrativos. El objetivo es generar coincidencias que ayuden a localizar o identificar personas.
La reforma también incorporó un sistema nacional de alerta, búsqueda y localización. La intención es que el reporte active mecanismos de rastreo sin depender únicamente del lugar donde ocurrió la desaparición. En una ciudad como la capital del país, donde una persona puede desplazarse entre alcaldías o cruzar al Estado de México en pocos minutos, la coordinación entre autoridades resulta clave.
Colectivos cuestionan la velocidad de las reformas
Los cambios legales no cerraron la discusión. Más de 100 colectivos de búsqueda y más de 200 familiares expresaron su rechazo a la reforma durante su paso por el Congreso. Señalaron que el proceso avanzó con una velocidad excesiva y reclamaron una consulta más profunda con quienes enfrentan la crisis en campo.
Las organizaciones también advirtieron sobre los riesgos de concentrar datos personales y biométricos en una plataforma nacional. Su postura no implica rechazar la tecnología como herramienta de búsqueda, sino exigir controles de acceso, mecanismos de protección de datos y claridad sobre qué instituciones podrán consultar la información.
El Gobierno federal sostuvo que recibió más de 500 aportaciones de familias y organizaciones durante la elaboración de la reforma. Las autoridades argumentaron que los cruces de información pueden ofrecer pistas cuando una persona reportada como desaparecida realiza un trámite, aparece en un registro civil o deja algún rastro en una base administrativa.
El registro expone fallas acumuladas
En marzo de 2026, el Gobierno presentó una revisión del Registro Nacional. El análisis consideró 132 mil 534 expedientes acumulados hasta ese momento. De ellos, 40 mil 308 mostraban algún tipo de actividad posterior al reporte de desaparición; 46 mil 742 tenían datos insuficientes; y 43 mil 128 correspondían a personas plenamente identificadas sin indicios posteriores que ayudaran a localizarlas.
La revisión exhibió otro problema: la calidad de los expedientes. En miles de casos faltan datos básicos, como el nombre completo, el lugar de desaparición, la fecha de nacimiento o información suficiente para iniciar una búsqueda individualizada. La depuración administrativa puede ordenar el registro, pero no sustituye las investigaciones ministeriales ni el trabajo en territorio.
Las autoridades informaron que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, fueron localizadas 31 mil 946 personas con reporte de desaparición. También indicaron que una proporción importante de las personas reportadas cada mes es encontrada con vida. El dato permite dimensionar el trabajo cotidiano, pero no reduce la obligación de esclarecer los casos que permanecen abiertos.
La cifra nacional siguió creciendo después de la revisión de marzo. Reportes publicados en mayo de 2026 ubicaron el registro por encima de 134 mil personas desaparecidas o no localizadas. El número cambia de manera constante porque el sistema incorpora nuevos reportes y actualiza localizaciones.
Buscar no puede convertirse en una carrera de trámites
El reto para las autoridades consiste en convertir las reformas en resultados medibles: investigaciones abiertas, expedientes completos, búsquedas inmediatas, identificación forense y coordinación real entre fiscalías. Para las familias, el punto central no está en el tamaño de una plataforma ni en el número de bases conectadas, sino en obtener información útil para volver a casa con una respuesta.
En esta crisis, cada minuto cuenta. Pero la prisa legislativa tampoco puede dejar atrás a quienes conocen las grietas del sistema desde abajo: madres, padres, hermanas, hermanos y colectivos que han aprendido a leer mapas, revisar fichas, caminar brechas y preguntar en oficinas donde los expedientes todavía avanzan con lentitud.
